* Proceso seguido por presunta corrupción de la Policia Local en la localidad de Coslada (Madrid).*

* Proceso seguido por presunta corrupción de la Policia Local en la localidad de Coslada (Madrid).*

* Proceso seguido por presunta corrupción de la Policia Local en la localidad de Coslada (Madrid).* Nulidad de las intervenciones telefónicas. Derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.* La normativa legal reguladora de las intervenciones telefónicas era escasa y carecía de la calidad y precisión necesarias, por lo que debía complementarse por la doctrina jurisprudencial, hasta la reforma operada por LO 13/2015, artículo único, apartados trece y catorce, introduciendo los nuevos artículos 588 bis apartados a) a k) y 588 ter apartados a) a i). En resumen, para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) que se encuentre suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica.* Tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala Casacional han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio Fiscal, cuando se ha solicitado y emitido (STS 248/2012, de 12 de abril).* Si bien es cierto que la motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pues la autorización judicial debería ser autosuficiente (STS núm. 636/2012, de 13 de julio), es lo cierto que la doctrina constitucional admite que la resolución judicial pueda considerarse suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud policial, a la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención (STS núm. 248/2012, de 12 de abril), contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad (doctrina jurisprudencial ya citada, por todas STC 72/2010, de 18 de octubre). Resultando en ocasiones redundante que el Juzgado se dedique a copiar y reproducir literalmente la totalidad de lo narrado extensamente en el oficio o dictamen policial que obra unido a las mismas actuaciones, siendo más coherente que extraiga del mismo los indicios especialmente relevantes (STS núm. 722/2012, de 2 de octubre).* Ciertamente no se deduce una motivación muy extensa ni intensa en cada una de tales resoluciones judiciales, y hoy, tras la LO 13/2015 no hubieran pasado el filtro de convalidación (ver art. 588 bis c) 3 a), en donde han de constar los indicios racionales en los que se funde la medida), pero en la fecha de su dictado, se encontraba vigente la doctrina de la motivación por remisión al oficio policial, y esto es lo que ocurre en el caso de autos.* No puede haber mayor indicio que una prueba, y una prueba es la declaración de ambas denunciantes ante la policía judicial poniendo de manifiesto tan relevantes hechos.* Una vez iniciada la interceptación judicial de las conversaciones, pueden verse confirmados los indicios iniciales de modo que los Autos que sustentan las prórrogas están plenamente justificados.* Es válido también el Auto de entrada y registro, aunque la Audiencia considera acreditados los efectos hallados como consecuencia de la confesión del acusado.