Medidas de seguridad. Recargos de prestaciones. Infraccion de medidas de seguridad

Frente a la sentencia de instancia que estimando la demanda interpuesta por la empresa granichan y dejo sin efecto el recargo de prestaciones impuesto por el accidente de trabajo sufrido el 25/04/2016 condenando al instituto nacional de la seguridad social y al codemandado a estar y pasar por esta declaración.La doctrina sostenida por esta sala en materia de recargo de prestaciones de seguridad social por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo se recoge, entre otras en sentencias de 25/04/2002 y 24/03/2001, señalando : 1o ) que existe una obligación empresarial de garantizar a los trabajadores que prestan servicios bajo su dependencia, una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo, tal y como resulta de lo establecido en el artículo 19. 1 del estatuto de los trabajadores a la par que un derecho de todo trabajador a mantener su integridad fisica y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo ; 2o ) que la citada obligación estaba plasmada con carácter general en la orden de 09/03/1971 por la que se aprobaba la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, que en su artículo 7 establecía como obligación empresarial la de adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa ; 3o ) que en la actualidad, la ley 31/95 de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales plasma los anteriores principios en el artículo 14, a traves de lo que se ha venido denominando, por la doctrina, la deuda de seguridad que todo empleador asume con su productores, constituyendo tal normativa la positivación del principio general de derecho alterum non laedere, debiendo entenderse que el nivel de vigilancia que impone a los empleadores el artículo 14 de la ley de prevención de riesgos, ha de valorarse con criterios de racionabilidad, según máximas de diligencia ordinaria, exigibles a un empresario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, en cuanto impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, garantizar que los lugares de trabajo, operaciones y procesos, sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.